La salud mental se ha convertido en un tema de creciente preocupación en Jalisco, y con justa razón, pues los datos son alarmantes: en 2022 se registraron 728 suicidios en el estado, con una tasa casi seis veces mayor en hombres que en mujeres. Más preocupante aún es que el 9.8% de estos casos fueron en menores de 10 años.
Hace poco más de veinte años se estableció el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, fecha establecida por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. El propósito principal de este día es crear conciencia a nivel global sobre el hecho de que el suicidio puede prevenirse. Además apuesta por reducir el estigma en torno al suicidio, el fomento de conversaciones abiertas sobre salud mental y la promoción de acciones para la prevención del suicidio.
En este marco, el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones (también conocido como SALME) activó en Jalisco el protocolo del Programa Nacional de Prevención del Suicidio Código 100, el cual se implementará en centros de salud y hospitales para el abordaje de personas con ideación o comportamiento suicida, buscando la continuidad y apego al tratamiento para reducir la incidencia de esta problemática.
Este programa emerge como un sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas en el comportamiento suicida, y busca equiparar la atención de salud mental con otros servicios de salud pública, minimizando el estigma y ampliando el abanico de derechos. Es por eso que el Código 100 no es solo un protocolo, sino un cambio de paradigma en cómo abordamos la salud mental en nuestros hospitales y centros de atención.
La situación en Jalisco es paradójica. Por un lado, enfrentamos una crisis aguda de salud mental, exacerbada por problemas de ansiedad, depresión y consumo de sustancias. Por otro, somos pioneros en legislación, con una nueva Ley de Salud Mental que introduce la materia de Educación Emocional en primarias y secundarias. Sin embargo, la realidad presupuestaria es desalentadora pues aunque la nueva ley establece un piso mínimo del 0.5% del presupuesto de la Secretaría de Salud para salud mental, incluso esto es apenas una gota en el océano de necesidades.
La salud mental no es un lujo, es un derecho fundamental, y es hora de que nuestras políticas y presupuestos reflejen esta realidad.
