Desde hace al menos una década se han discutido los efectos de una política de drogas prohibicionista, que persigue y condena a los consumidores y que además vulnera derechos y libertades individuales. La ausencia del Estado en la regulación de las drogas ha traído efectos negativos en nuestro país. El mercado ilegal se ha fortalecido, han surgido nuevas organizaciones criminales y estas son cada vez más violentas. Las muertes relacionadas al narcotráfico han aumentado, los consumidores ven coartadas sus libertades y además, por una malas políticas públicas, hemos caído en una grave crisis de derechos humanos al dejar en manos del ejército las tareas de combatir al crimen organizado, pues no se ha abordado el tema con un enfoque de salud pública, con programas de información y prevención, así como centros de atención y reinserción social.
En México no se han comprendido estas graves consecuencias y a lo largo de los últimos años, solo se han dado pasos muy tímidos en la “legalización” de la mariguana regulando su consumo medicinal, terapéutico y científico, no obstante, esos usos no son los que matan a miles de personas, mucho menos la única droga. La semana pasada el Senado de la República aprobó una ley para regular el consumo personal y lúdico de la mariguana, y aunque es un paso más amplio y firme en contraste con lo que teníamos en nuestras leyes, aún no es suficiente.
No es suficiente porque se deja de lado la visión de que la mariguana no mata por sobredosis, no es suficiente porque tampoco se está dejando de perseguir punitivamente a consumidores, ya sea con multas administrativas o con cárcel, mismas sanciones que aún están presentes en nuestras leyes. Sí, se alcanzaron ciertos logros, pero no se cambió el enfoque, no se incorporó una visión de salud pública, aún se exige el trámite de permisos y barreras físicas para consumir, poco se delinearon atribuciones, reglas y alcances del nuevo Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis.
Siempre he celebrado estos progresos, porque sin ellos no podríamos continuar con la discusión pública, sin embargo, estas reformas nos dan aliento, pero no un buen sabor de boca. La configuración hacia la libertad es lenta y continúa con obstáculos, no solo se trata de regular, se trata de cambiar paradigmas, de tener voluntad política y no trabajar forzadamente despenalizando el uso lúdico a través de ambigüedades y “solo por cumplir”. Esta ley apunta a una transformación, pero de no hacerlo de manera integral, con una clara intervención del Estado, eliminando la criminalización de los consumidores, cuidando desde la salud la vida de las personas y poniendo candados a la corrupción, traerá pocos efectos positivos y tangibles en una nueva política de drogas, la cual aún queda a deber.