En los diarios nacionales se publicó la noticia de la decisión de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sí coaccionó el voto de la ciudadanía y usó de manera indebida los programas sociales en el marco del proceso electoral que concluyó el pasado 2 de junio.

El Tribunal declaró responsable al Presidente de la República, por violentar el sistema legal. Además violó la regla no escrita de abstenerse de participar en política durante su mandato, porque además es evidente que al ser elegido primer mandatario, deja de ser candidato, jefe de partido y debe marcar distancia con quien lo postuló para dedicarse a gobernar a todos los mexicanos, y así el presidente mostró su incongruencia, porque por un lado exigía a los demás que quitaran las manos del proceso electoral mientras él metía las suyas.

Pero como el Presidente de la República no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, todo quedó en una simple declaratoria de responsabilidad, sin mayores consecuencias para el infractor. Lo de siempre: aquí no pasa nada y si pasa, no pasa nada.

En la sentencia, se resalta, que el primer mandatario vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda y usó indebidamente recursos públicos y programas sociales.

La Sala en la parte medular de la resolución dice: “Es existente el uso indebido de programas sociales y coacción al voto por parte del titular del Poder Ejecutivo federal, ya que empleó una línea argumentativa tendente a condicionar la vigencia o beneficios de programas sociales a que una determinada opción política obtenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión”.

Agrega la Sala, a manera de conclusión, que estas aseveraciones tuvieron un gran impacto electoral, pues se trató de llamados a votar a favor de una opción política y en contra de otra, influyendo consecuentemente en la preferencia de los electores.

Las reiteradas protestas de la candidata opositora la señora Xóchitl Gálvez y los líderes de los partidos que la postularon, su desarticulada defensa legal y la pésima estrategia y absoluta inutilidad de sus asesores fueron insuficientes para contrarrestar la aplanadora oficial encabezada desde Palacio Nacional por el Presidente de la República.

La lección que nos han dejado estos acontecimientos es muy amarga. Y no se trata de que alguien haya ganado o perdido las elecciones, se trata de una muestra indiscutible de la impunidad que impera en nuestro país, en donde, a pesar de que existe un marco de leyes amplio y un aparente estado de derecho, en realidad es un mito, una dolorosa ficción.

El Presidente violó la ley, sí, ¿y? no pasa nada y eso deja un terrible mensaje para todos, porque aquí puede violarse la ley y no pasa nada, porque en México no pasa nada y si pasa, no pasa nada. Algunos no merecemos el gobierno que tenemos.