El amparo es el instrumento más importante que tenemos los mexicanos para protegernos de los abusos de las autoridades, el mismo a fundado su historia en los procedimientos judiciales que abusan del gobernado ante los actos que extralimitan y violan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su profundidad para evitar las violaciones constitucionales en la historia de México ha sido fundamental para que los mexicanos conservemos la vida, la libertad y la propiedad.

La Ley de Amparo se instrumenta a través de un juicio, representa a una de las instituciones jurídicas que por su naturaleza defienden los derechos humanos en el paradigma de la convencionalidad, así se establece en las reformas del 2011 y el 2022, es un mecanismo de control constitucional que defiende la tutela efectiva de los derechos humanos dentro de un proceso doctrinal, legal y de jurisprudencia que conlleva a una herramienta novedosa que se publica en el Semanario Judicial de la Federación como un medio oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que tenemos en la Constitución de México el artículo primero constitucional con derechos contenidos en la norma constitucional, así como los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país forma parte, donde los Poderes instituidos por la Constitución como el Poder Ejecutivo, así como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en los diferentes niveles de gobierno deben hacer valer este derecho para garantizar el “Estado de Derecho” tan importante para que los mexicanos vivan en armonía respetando la división de Poderes y defendiendo jurídicamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La modernización del país en sus estructuras jurídicas, económicas y políticas exigen para el desarrollo social e industrial un apego a la norma constitucional, donde un Poder no pisotee a otro Poder, ya que los tres Poderes representan al pueblo y se ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión.

No se puede desacatar el instrumento del amparo como medida de protección jurídica, social, política y económica con decisiones unilaterales de un Poder a otro Poder, ya que este desacato conforme a la Constitución puede crear responsabilidades que van desde la destitución hasta un instrumento penal, por lo que la Corte debe de tomar las acciones pertinentes dentro del procedimiento constitucional para hacer valer el amparo otorgado por Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados y no dejar en estado de indefensión al quejoso que promovió este instrumento tan importante que hace valer la justicia de la Nación que ampara y protege al quejoso de los abusos de la autoridad.

El juez tiene facultades potestativas que se fundamentan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y debe de ser protegido en un estado democrático contra cualquier abuso que quiera reprimir sus decisiones jurisdiccionales y de competencia, por lo que debe de ser protegido por el Poder Ejecutivo que es el Poder que tiene bajo su mandato el poder económico y la fuerza del Estado.

Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe hacer valer ante las instancias locales, nacionales e internacionales la supremacía de la ley.

Profesor de Derecho de la Universidad de Guadalajara, Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Capítulo Jalisco.

Correo electrónico: antonio_dejesus@hotmail.com