La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realiza desde hace décadas una labor importante en defensa de la libertad de expresión y de prensa a lo largo y ancho del continente americano. Lo hace en México y en los demás países de América.
Lo más reciente en nuestro país es la condena de la SIP a la agresión lamentable en contra de dos periodistas y un fotógrafo de El Universal por parte de cinco sujetos armados en el Estado de México, “algunos de los cuales portaban chalecos con la insignia de la Policía Estatal”, informa El Gran Diario Independiente de México.
Esto dijo sobre la agresión Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP: "Toda violencia contra la prensa debe interpretarse como una afrenta directa al derecho del público a estar informado".
Tras esta declaración, Jornet pidió a los gobiernos y organizaciones civiles a repeler y tomar en serio tales agresiones, “en especial en el caso de México, país donde fueron asesinados ocho periodistas en este primer trimestre de 2022”.
Es importante que organizaciones como la SIP, Artículo 19, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Instituto Internacional de Prensa (IPI), realicen una labor importante en favor de la libertad de expresión, un derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los siguientes términos:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La ocasión me parece oportuna para recordar lo que sobre el tema he señalado en otros espacios de opinión, recordando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el primer documento que reconoce públicamente las libertades de opinión y expresión.
Esto señala el artículo 11 de este importante documento proclamado por los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional, el 26 de agosto de 1789:
“La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.
Las autoridades de todos los países deben realizar acciones en favor de la libertad de expresión, y lograr con ellas que el periodismo deje de ser una actividad de alto riesgo. Estas acciones deben estar encaminadas a impedir la censura y las restricciones a la labor informativa de la prensa, la radio, la televisión y el ciberperiodismo.
Se trata de ir más allá del discurso oficial, en el que, hay que decirlo, se observa buena voluntad por parte de las autoridades federales y estatales respecto a la libre expresión. Sin embargo, es necesario ir por más; es decir, trascender el discurso y enfocar los esfuerzos en la ejecución de medidas que coadyuven a proteger a los representantes de los medios de comunicación, todo en nombre del derecho de las audiencias a estar debidamente informadas.
Por otra parte, se requieren acciones en pro de esta libertad por parte de los medios de comunicación y de los periodistas, quienes tienen todo el derecho a decir lo que piensan sobre los asuntos de interés público, pero también el deber de probar periodísticamente la veracidad de lo que difunden.
Twitter: @armayacastro
