La reciente despenalización del aborto en Nayarit marca un avance en la lucha por los derechos reproductivos en México. Esta decisión, ordenada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, obliga al Congreso de dicho estado a derogar los artículos del Código Penal que penalizan el aborto, reconociendo que criminalizar esta práctica constituye un acto de violencia y discriminación de género. Este hito se suma a la serie de resoluciones judiciales y legislativas que buscan garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos sin enfrentar consecuencias penales.
No olvidemos que en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización total del aborto, invalidando el artículo 196 del Código Penal de Coahuila y estableciendo un precedente que ha influido en decisiones posteriores en todo el país, incluido Jalisco. La Corte argumentó que la penalización absoluta del aborto vulnera los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva, subrayando que el producto de la gestación merece protección, pero esta no puede desconocer los derechos fundamentales de las mujeres.
Jalisco ya despenalizó el aborto, pero por vía judicial, es decir, que el Poder Judicial le hizo el trabajo al congreso estatal. Por si fuera poco, el Congreso de Jalisco no ha armonizado su legislación para reflejar esta nueva realidad porque pese a que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal que penalizaban el aborto y ordenó su derogación, la falta de consenso político y las barreras morales han impedido que esta derogación se materialice en la legislación estatal pese a que han existido iniciativas presentadas pero que no han sido desahogadas por una resistencia política que contrasta con los avances judiciales, pues la falta de armonización legislativa no solo crea un vacío legal, sino que también perpetúa la incertidumbre y la discriminación contra las mujeres y personas gestantes que buscan ejercer su derecho a decidir.
Es imperativo que tanto la legislatura que está por salir, como la que está por tomar posesión en Jalisco, asuman su responsabilidad y prioricen los derechos humanos y para que las resoluciones de la SCJN se traduzcan en realidades tangibles y justas. Esto es fundamental para garantizar el pleno ejercicio de los derechos reproductivos y la protección efectiva de la salud y dignidad de todas las personas gestantes. Tampoco perdamos de vista que sin una legislación clara y coherente, las y los profesionales de la salud enfrentan barreras para ofrecer servicios seguros y legales de interrupción del embarazo. En otras palabras, dejar claro que armonizar las leyes no solo es una cuestión de cumplimiento judicial, sino también de justicia social, y en este caso, también de salud pública.
