Hace siete domingos que se celebraron las elecciones en nuestro país, elecciones en las que no solo se eligieron cargos federales sino que en distintos estados, incluido el nuestro, hubo también renovación de los cargos locales. Han pasado casi dos meses y la realidad es que el tema en nuestro estado no se ha apagado del todo.
Más allá de las impugnaciones, quiero hablar de las controversias que siguen gravitando el debate porque abordar el tema permite discutir cuestiones fundamentales sobre la democracia, la transparencia e institucionalidad electoral del estado. Al final del día, la cuestión radica en la claridad, y por supuesto, en las certezas y legitimidad que emanan de la misma. Quienes han mostrado inconformidad lo hacen porque existen inconsistencias que empañan la transparencia del proceso. El punto central radica en la precisión del conteo de votos, es decir, en anomalías que incluyen problemas en la captación de votos, inconsistencias en el conteo y la falta de transparencia en la transmisión de resultados, lo que ha sumado a la percepción de que el proceso no fue del todo transparente. El asunto no es menor si se toma en cuenta que la inconformidad proviene de candidaturas específicas pero también de partidos políticos completos pues el escrutinio continúa para determinar cuáles conservan o pierden el registro.
La transparencia es fundamental para la credibilidad de cualquier proceso electoral. Sin ella, la confianza en las instituciones se erosiona, y la legitimidad de los resultados se pone en duda. La transparencia no solo implica la publicación de resultados completos y precisos, sino también la claridad en cada etapa del proceso electoral, desde la inscripción de las candidaturas hasta el conteo final de los votos. Me parece que en el estado algo es claro: la percepción de arbitrariedad y de falta de transparencia en este proceso ha calado hondo y ha generado una ola de desconfianza entre la ciudadanía y los actores políticos locales. Insisto en que lo que está en juego es la legitimidad del proceso por un lado, y en otra instancia, la imparcialidad y la pluralidad política en nuestro estado. Ni la transparencia ni la pluralidad son lujos prescindibles, sino condiciones indispensables para una democracia sana y palpitante, justamente la transparencia y la pluralidad deben ser nuestras banderas en esta búsqueda por una democracia más robusta y participativa en Jalisco.
A lo que quiero llegar es que en Jalisco hemos sido testigos de cómo la falta de claridad puede sembrar dudas y desconfianza entre la ciudadanía y los partidos, en todo el sistema político-electoral y que esto no puede volver a ocurrir, sino que deberíamos ir en el sentido contrario: encaminarnos a niveles cada vez más altos de confianza y certidumbre, en la que todas las instituciones políticas trabajen juntas para asegurar que cada voto cuente y que cada voz sea escuchada, fortaleciendo nuestra democracia desde sus cimientos. El día de la elección pasó hace varias semanas pero el asunto sigue encendido y sería iluso creer que el ejercicio democrático se reduce a ese día, y en todo caso, las controversias son una muestra de lo que deberíamos estar discutiendo: cómo seguir perfeccionando las instituciones y los procesos, cómo mejorar la calidad y textura de la participación y la vida democrática de Jalisco.
