El apotegma Juarista: “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz” inmortal frase pronunciada en 1867 cuando regresó a la Ciudad de México tras la consolidación de la República, debiera ser honrado cívicamente.
Y no me refiero a que se incorpore a las leyendas oficiales que se ponen en las comunicaciones de las autoridades, ni tampoco que se graben en letras de oro en todos los recintos públicos.
Debemos tenerlo grabado en pensamiento, palabra y obra por todos los ciudadanos, desde el presidente de la república hasta el más humilde mexicano que habite en algún confín perdido de las zonas desérticas o selváticas del país.
Viene a colación el pensamiento liberal de quien se supone ha servido de inspiración al actual jefe del ejecutivo federal, para llamar a la conciliación, a la grandeza que significa aceptar la crítica con humildad y serenidad.
La compañera del gremio Peniley Ramírez en su columna semanal, publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, ha venido investigando a Carlos Loret de Mola y a su esposa Berenice, así como a Víctor Trujillo, el creador del personaje “Brozo”, y que esta investigación no es otra cosa que una persecución al periodismo. Carlos Loret lo llama “bajeza” y deseo del Gobierno de callar a sus críticos.
El periodismo crítico, basado en pruebas no puede ser callado, so pena de quien lo ordene callar sea la encarnación de un absolutismo contemporáneo. La simple crítica, que se basa en opiniones, no tiene más efecto que el de ejercer el libre derecho de manifestar las ideas dentro de los límites que marca el artículo sexto de la Constitución.
Pero cuando el periodismo de investigación critica el quehacer público, demostrando con pruebas contundentes su desacertada actuación, no debiera ser motivo ni de coraje o de venganza, sino de un auto examen, de una visión introspectiva a su trabajo y corregir los yerros cometidos.
El respeto al derecho de manifestar las ideas, a ejercer el periodismo con libertad, debe ser irrestricto; un periodista ético no puede lanzar retos ni acusaciones sin bases a quien se encarga del enorme reto de gobernar y por su parte, un gobierno congruente no debe emplear la fuerza del Estado para callar las voces críticas sino examinar las razones de la crítica y o bien desvirtuar las informaciones con pruebas idóneas y no solo con la incorporación a la sección “quien es quien en las mentiras” de la conferencia de prensa matutina o bien admitir la veracidad del reportaje de denuncia y proceder a corregir los errores y sancionar a los responsables de las acciones u omisiones.
Los órganos de fiscalización del gobierno no pueden estar al servicio de la venganza como respuesta al trabajo periodístico, empleando la fuerza del Estado como una seria advertencia a los demás de lo que les puede suceder si no moderan su crítica. Es un te callas o te callo.
Los que pertenecemos por vocación o por afición a lo que genéricamente consideramos periodismo, necesitamos la garantía del gobierno para ejercer libremente nuestros derechos sin cortapisas ni amenazas. No se quiere una libertad absoluta, eso es libertinaje.
Existen limitaciones legales y están establecidas en los artículos 6 y 7 de la Constitución y sus Leyes Reglamentarias; por ejemplo, el artículo 7º Constitucional dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio y que no se puede restringir ese derecho por vías o medios indirectos. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución.
Por tanto, ante la critica del periodista o la simple opinión no es correcto que detrás del esderitorio se coarte la libertad de expresión por medios directos o indirectos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Lo dijo el Presidente Juárez.
